Tras semanas de debates, el Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto que modifica la fórmula de movilidad jubilatoria, incorpora aumentos de haberes y eleva el bono mensual a $100.000. La iniciativa, impulsada por bloques opositores, cosechó 38 votos afirmativos frente a 32 negativos, en una sesión cargada de tensión política.
La norma sancionada establece que las jubilaciones se actualizarán mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), es decir, la inflación medida por el INDEC, con un incremento adicional del 8,1% por única vez para recomponer los haberes que quedaron rezagados este año. Esto implica que el próximo aumento se calculará sumando la inflación del mes anterior más este porcentaje de recomposición.
Con la nueva fórmula, los haberes mínimos pasarían de los actuales $206.874 a más de $224.000, antes de incluir el bono. A esto se suma el bono mensual que se eleva de $70.000 a $100.000, aunque su pago dependerá de la reglamentación y de la disponibilidad presupuestaria.
El impacto fiscal proyectado por la Oficina de Presupuesto del Congreso ronda el 0,43% del PBI anual, algo que el Gobierno considera “inviable”. Por ese motivo, el presidente Javier Milei ya anticipó que vetará la norma, al considerar que constituye “un acto de irresponsabilidad fiscal que empuja al déficit”.
La ley también contempla que si la inflación supera en el año el 50%, se adicionará una actualización semestral extra en base a la variación salarial (RIPTE) para evitar que las jubilaciones pierdan poder adquisitivo frente a los sueldos.
Además, dispone que ningún jubilado cobre menos del 82% del salario mínimo vital y móvil.
¿Qué pasará ahora? Aunque Milei confirmó su decisión de vetar la norma, la oposición analiza insistir con una nueva votación en el Congreso. Para rechazar el veto presidencial, se necesitan dos tercios de los votos en ambas cámaras, algo que hoy parece improbable.
Mientras tanto, la Anses mantiene vigente el esquema de aumentos por decreto y el pago del bono de $70.000 a quienes cobran la mínima, tal como definió el Gobierno en marzo.
Si la ley finalmente entra en vigencia, el cambio en la movilidad impactará en más de 7 millones de jubilados y pensionados, que verían un aumento mensual más previsible, atado a la inflación.