El Concejo Deliberante de Bahía Blanca aprobó un proyecto de resolución que solicita al gobernador Axel Kicillof prohibir el uso de teléfonos celulares en todos los establecimientos penitenciarios de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa fue presentada por los concejales Gisela Caputo y Emiliano Álvarez Porte, quienes advirtieron sobre el impacto de esta medida en la seguridad pública.
El pedido surge como respuesta a la continuidad de un permiso excepcional otorgado en 2020, durante la pandemia, cuando el juez de Casación Penal bonaerense Víctor Violini autorizó a los internos a tener celulares para comunicarse con sus familias y abogados. Aunque las restricciones sanitarias concluyeron, la disposición se mantuvo y, según datos oficiales de noviembre de 2024, el 73% de la población carcelaria provincial —unas 43.000 personas— posee un dispositivo “registrado” dentro de su celda.
El proyecto remarca que esta situación derivó en la comisión de numerosos delitos desde las cárceles, entre ellos estafas virtuales, grooming, hostigamiento a víctimas y venta de drogas. Ejemplos recientes refuerzan la preocupación: en junio de 2025, un preso creó un perfil falso para extorsionar a menores, y en septiembre de 2024, en la Unidad 39 de Ituzaingó, se perpetró una ciberestafa suplantando la identidad de un funcionario de salud.
Las investigaciones también revelaron que internos condenados por abuso sexual y tentativa de homicidio operaban redes delictivas a través de billeteras virtuales y el denominado “código trampa”. En el plano local, se recordó el caso del femicida Jonathan Luna, quien desde su celda logró comunicarse vía Facebook con la madre de Micaela Ortega, generando una nueva instancia de revictimización.
Los ediles subrayaron que esta realidad contrasta con la política del Servicio Penitenciario Federal, donde el uso de celulares está prohibido y en lo que va de 2025 se incautaron más de 11.000 dispositivos.
El proyecto solicita que el Ejecutivo provincial, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de la autoridad penitenciaria correspondiente, disponga la incautación de los celulares actualmente en poder de los internos y restablezca la prohibición vigente en el ámbito federal.
La resolución será enviada también a los ministerios de Justicia y Seguridad bonaerenses y a ambas cámaras legislativas provinciales, con el objetivo de sumar respaldo político a una medida que —afirman— responde a un reclamo social de mayor seguridad y de las propias víctimas.