Más de 30 deudores alimentarios morosos fueron detectados en recitales y estadios de fútbol de la Ciudad de Buenos Aires durante los 48 controles que llevó a cabo el gobierno porteño, al tiempo que se les impidió a todos los implicados acceder a estos espectáculos.
Según pudo averiguar Noticias Argentinas, este domingo se halló a un deudor en el encuentro que disputaron Boca y Central Córdoba de Santiago del Estero en La Bombonera, por lo que la cifra ascendió a 31 (16 de la provincia de Buenos Aires, seis de Capital Federal, cuatro de Neuquén, tres de Salta, uno de Córdoba y otro de Entre Ríos).
Los dispositivos de control comenzaron a implementarse en marzo y también se aplicó durante el partido que Los Pumas jugaron ante los All Blacks en el estadio José Amalfitani de Liniers y en los conciertos que ofrecieron Lali Espósito en Vélez, Don Osvaldo en All Boys y Los Piojos en el Monumental.
“Actualmente, cerca de 3.000 personas están registradas en el RDAM de Buenos Aires, dentro de un total de más de 11.500 deudores a nivel nacional”, según revelaron fuentes consultadas, que remarcaron que la información se intercambia con datos de 13 provincias, sin importar la jurisdicción donde se haya dictaminado la medida judicial contra el implicado.
Aquellas personas que incurran en el incumplimiento de sus deberes alimentarios no pueden obtener tarjetas de crédito, abrir cuentas corrientes ni acceder a créditos en el Banco Ciudad; no tienen permitido recibir adjudicaciones de viviendas sociales del Gobierno de la Ciudad o convenidas con Nación; se les impide postularse a cargos electivos en el territorio porteño; no pueden ser inscriptos en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines adoptivos y podrían ser excluidos del ingreso a eventos culturales pagos con más de 5.000 asistentes.
Otras de las medidas se vinculan con la imposibilidad de concretar la transferencia de la titularidad de negocios, actividades, industrias o locales habilitados sin certificado del Registro y regularización previa de la deuda; tienen prohibidos ser matriculados en colegios profesionales y no pueden participar de concursos ni ser designados como magistrado o funcionario judicial.
Además, los escribanos tienen el deber de dar aviso a las autoridades sobre cualquier acto de disposición de bienes registrables en el que intervenga una persona inscripta.