El Ministerio de Capital Humano –gracias a gestiones de la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Nación- aprobó recientemente la asignación de un subsidio extraordinario para la Universidad Nacional del Sur destinado a atender las consecuencias de la inundación del 7 de marzo. La medida quedó formalizada mediante la una resolución firmada el pasado 17 de noviembre.
El documento establece la transferencia de $1.100 millones a esta casa, con el objetivo de financiar la adquisición de bienes de consumo y bienes de uso, indispensables para la recuperación del funcionamiento institucional tras los daños ocasionados por el temporal.
El otorgamiento de estos fondos responde a una solicitud presentada tiempo atrás por el rector, doctor Daniel Vega, al Subsecretario de Políticas Universitarias, licenciado Alejandro Álvarez, en la que se fundamentó la necesidad de recursos adicionales para completar las tareas de reposición y reactivación edilicia. El propio Álvarez realizó durante una visita a Bahía Blanca a comienzos de noviembre una recorrida por las instalaciones afectadas junto al rector, Daniel Vega; y la vicerrectora, Andrea Castellano.
“Le agradecemos al subsecretario Álvarez la respuesta a nuestra solicitud. Él quedó impresionado por la magnitud de los daños que sufrimos, pero también por la rapidez con la que pudimos retomar nuestras actividades a pesar de la catástrofe, lo que demuestra la seriedad y el compromiso que venimos sosteniendo desde el 7 de marzo con nuestra función”, indicaron desde el Rectorado.
Como se ha informado ampliamente, el fenómeno climático provocó daños de gran consideración en casi 10 mil metros cuadrados de laboratorios, gabinetes, aulas y bibliotecas, entre los que se incluye la pérdida de costoso equipamiento científico, decenas de miles de libros, muebles e insumos informáticos, lo que impactó directamente en el normal desarrollo de las actividades académicas y administrativas.
El pasado mes de mayo la SSPU ya había enviado a la universidad un refuerzo de $500 millones destinado específicamente a la puesta en funcionamiento de los espacios afectados.
En cuanto a las obligaciones administrativas, la UNS deberá rendir cuentas de la utilización de los fondos dentro de los 12 meses posteriores a su percepción, según lo establecido por la normativa vigente. El gasto se imputará a las partidas correspondientes al Programa de Desarrollo de la Educación Superior del Ministerio de Capital Humano.
“Con esta asignación, el Gobierno nacional busca garantizar las condiciones necesarias para la continuidad de las actividades universitarias y el restablecimiento de la infraestructura dañada, en el marco de una política de apoyo ante contingencias extraordinarias que afecten el servicio educativo público”, destacaron desde la cartera.
Los fondos se utilizarán para continuar el plan de recuperación en marcha, que comprende numerosas acciones. En lo inmediato se avanzará en la licitación de las obras de la nueva sala de lectura en el subsuelo, un espacio de alta necesidad para los estudiantes y que permitirá desocupar otros ámbitos de la Universidad, y la recuperación de laboratorios e instrumental. Más adelante se pretende avanzar en otras obras como el traslado de la Biblioteca Central al campus de Palihue, una iniciativa de mediano plazo que implica la construcción de un nuevo edificio, que requerirá de otras partidas.