La resolución, adoptada a pedido de Mónica Chirivin, la defensora de Laudelina Peña, reabre un capítulo que parecía cerrado, ya que la exdiputada había sido descartada como testigo en la etapa previa al debate, cuando los jueces rechazaron una nómina de 19 personas propuestas por las partes por considerar que sus testimonios se basaban en referencias condicionales y no en hechos percibidos de manera directa sobre los ocurrido con el menor, que tenía cinco años en el momento de su desaparición, el 13 de junio de 2024.
El cambio de criterio tiene un motivo puntual. La citación se produjo porque Carrió afirmó, después de conocerse un tuit del exgobernador de Corrientes Gustavo Valdés, que había tomado contacto con el mandatario y que este le habría dicho: “A alguien había que quebrar”, en referencia a Laudelina.
Esa frase, atribuida a quien gobernó la provincia hasta hace poco es interpretada por la defensa de la principal acusada como un indicio de presión política sobre el curso de la causa.
Para la defensora Chirivin, si Carrió puede dar cuenta de ese diálogo con Valdés, su testimonio podría aportar elementos sobre eventuales direccionamientos extrajudiciales en una causa que desde el inicio estuvo bajo enorme exposición mediática y política.