También el actual gobierno de ese país pudo comprobar la ayuda de Ecuador en el golpe a Evo Morales en 2019. Y denunció que todo fue orquestado por los EEUU.
El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, presentó este lunes las armas y municiones presuntamente enviadas desde la Argentina, durante la gestión de Mauricio Macri, y Ecuador, bajo el mandato de Lenín Moreno, en noviembre de 2019 al gobierno de facto de Jeanine Áñez, tras el golpe de Estado contra el ex presidente Evo Morales.
«Solo para la Policía Boliviana ingresaron de manera irregular, sin cumplir con la normativa legal vigente, cerca de 27.000 cartuchos de perdigón de goma, 28 gases aerosol, 19 gases aerosol, 55 granadas CN, 53 granadas de gas H, 19 granadas de gas CS«, dijo Del Castillo en conferencia de prensa.
El ministro presentó una cronología de la llegada del armamento: recordó que el golpe contra Morales ocurrió el 10 de noviembre y un día después ya hubo «masacres en la zona sur de La Paz, dejando personas fallecidas y decenas de heridos y detenidos», debido a la represión que hicieron las fuerzas policiales y militares contra la población que se oponía al golpe.
De acuerdo con el funcionario, ese mismo día, el entonces embajador argentino, Normando Álvarez García, envió una nota a la Cancillería boliviana «solicitando la autorización para el ingreso de personal, material y equipamiento para que la Agrupación de Fuerzas Especiales Alacrán de la Gendarmería Nacional Argentina las usara en el Estado Plurinacional de Bolivia«.
El 12 de noviembre, según reconstruyó la investigación, Áñez se autoproclamó presidenta de Bolivia y el mismo día el Instituto de Investigaciones Técnico Científico de la Universidad Policial (IITCUP) «autorizó la internación y el porte temporal en Bolivia de armas de fuego, municiones y materiales relacionados al personal de la Agrupación de Fuerzas Especiales ‘Alacrán’ de Argentina», comentó el ministro.
A la madrugada del siguiente día arribó el material antidisturbios a La Paz, en un vuelo de un avión Hércules C-130.
«Hay dos tipos de materiales que ingresaron al país ese 13 de noviembre. Uno de manera legal que fue autorizado por el IITCUP con nota previa en Cancillería, específicamente para brindar seguridad a la Embajada de Argentina, y otro armamento antidisturbios no autorizado, que no cuenta con ningún registro formal ni siguió los procedimientos establecidos en la Ley 400«, detalló Del Castillo.
«El material que arribó se entregó tanto a las Fuerzas Armadas como a la Policía», añadió el ministro.
La normativa violada que menciona Del Castillo, la Ley 400, es la que tiene por objeto normar, regular y controlar la fabricación, importación, exportación, internación temporal y otras actividades relacionadas con armas de fuego, municiones y explosivos, entre otros, en el marco de la Seguridad y Defensa del Estado y de la Seguridad Ciudadana en Bolivia.
Del Castillo contó además que el 14 de noviembre se hizo una reunión del gabinete de gobierno de Áñez, que fue denominado «el gabinete de la muerte», y donde Roxana Lizárraga, designada como ministra de Comunicación, «consigue el envío de material antidisturbios desde el Ecuador».
También, se promulgó el Decreto Supremo 4078, que eximía de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas.
El 15 de noviembre ocurrió la represión y la masacre por parte de policías y militares en la localidad de Huayllani, en el municipio de Sacaba del departamento de Cochabamba, cuando miles de campesinos de la región de Chapare caminaban en dirección a La Paz, donde tenían previsto manifestarse en contra la administración de Áñez. El saldo de esta matanza fue de 12 fallecidos y 125 heridos.
Un días después, «el gobierno de Añez gestionó que una aeronave boliviana transportara desde Ecuador proyectiles y granadas antidisturbios», dijo Del Castillo. El 19 de noviembre sucedió una nueva masacre, la de Senkata, en la ciudad de El Alto, cuando un violento operativo policial y militar contra manifestantes acabó con la vida de 10 personas. «Hasta aquí podemos ver que existía un plan continental para reprimir al pueblo boliviano», sostuvo el ministro de Gobierno.
Del Castillo agregó que esto no solo consistió en el pedido de material antidisturbios a la Argentina y Ecuador a partir del golpe de Estado contra Morales, sino que se trataría de un plan que venía organizado desde julio de 2019 e involucra a EEUU. En la conferencia de prensa, el funcionario hizo referencia a que el 24 de julio de ese año, el entonces subsecretario de Estado Adjunto de EEUU para Asuntos del Hemisferio Occidental del gobierno de Donald Trump, Kevin O’Reilly, llegó a Bolivia y se reunió con representantes de las embajadas de Perú, Argentina, Brasil, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea e insinuó la posibilidad de «un supuesto fraude electoral en las elecciones de octubre sin presentar prueba alguna».
Entonces, a partir del 20 de octubre de 2019, cuando Bolivia celebró los comicios, en los que Morales resultó reelecto, comenzaron las acciones políticas y movilizaciones por un supuesto fraude electoral «tal cual estaba estipulado en el manual», indicó el funcionario, lo que terminó con el golpe de Estado el 10 de noviembre.