Tras el anuncio de la derogación
Juan Arrizabalaga, referente de la Federación de Inquilinos Nacional expresó su preocupación frente al panorama actual y defendió el marco normativo vigente asegurando que no se trata del marco legal, sino de la falta de cumplimiento del mismo: “esta ley construyó algunos derechos, no logró regular todo y que además el Estado no la controla en su ejercicio”.
“Cada ataque a la Ley de Alquileres, lo que produce es mayor vulneración de derechos a los inquilinos, porque hoy recibimos mensajes que tuvieron de parte de propietarios e inmobiliarias, pretendiendo modificar las condiciones tanto de los tiempos como de los precios”, denunció y explicó: “esto ya no es nuevo, y no es nuevo del Gobierno Nacional, por lo que entendemos que este es un pedido del FMI y por eso al regreso del viaje del presidente (a EEUU) marca la necesidad de filtrar que iba a tratar de suspender o suspender la Ley de Alquileres”.
En ese sentido, el referente aclaró que la intención del gobierno, no es posible de llevar adelante por decreto: “debe hacerse por Ley en el Congreso, y ese intento ya sucedió y no se avanzó”, analizó y recordó los dos dictámentes que se encuentran paralizados: “en una economía inflacionaria y un mercado inmobiliario sin reglas claras, esto va a traer consecuencias terribles”, sostuvo e insistió en que no se trata de la Ley de Alquileres sino de un contexto macro y la ausencia de control actual: “el objetivo que se pretende inclusive en uno de los dictámentes, es tener contratos más cortos y precios liberados al mercado lo que va a dar un aumento mayor de los actuales, hasta alcanzar precios dolarizados como sucede con hoy con el alquiler temporario, y políticas de desalojo express, y tiene que ver con el poco marco regulatorio”.
Desde el seno legislativo, el diputado nacional del FdT Daniel Arroyo insistió en declaraciones radiales en que “solamente se trata de un trascendido” e instó a llevar tranquilidad a los inquilinos: “está claro que la Ley se ha transformado en un problema, para el inquilino y el que tiene una vivienda”, dijo y se mostró a favor de un cambio inmediato de la norma.
Arroyo recordó que desde hace tiempo se encuentran trabados en el Congreso dos dictámenes para la modificación de la Ley y remarcó: “no es tan sencillo suspender una Ley que tiene a tantos actores alrededor ,debe tratarse en el Congreso, pero ningún índice de regulación es bueno con 100% de inflación”, concluyó e insistió en la necesidad de informar que no existen cambios hasta el momento. De este modo, y hasta que no se decida lo contrario, la actualización de los contratos se realiza a partir de la aplicación de una fórmula de indexación. Para calcular el aumento se consulta el ICL que publica el Banco Central y que contempla por partes iguales la variación de la inflación (Índice de Precios al Consumidor, IPC del Indec) y de los salarios según Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables.
(Infomiba)