La denuncia de incompatibilidades fue realizada por el fiscal Guillermo Marijuan. La erogación irregular sería de más de siete mil millones de pesos. Trece provincias y CABA aún no aportaron la base de datos de sus dependientes
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, prepara una resolución para dar de baja a los 8.538 empleados públicos de diez provincias que cobran, a la vez, el Potenciar Trabajo, una violación a la norma del mayor programa social que estaba bajo la órbita del ex Ministerio de Desarrollo Social y que era administrado por el líder del Movimiento Evita Emilio Pérsico durante los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández.
De esta manera, Pettovello decidió conducirse por un carril distinto al de la ex ministra Victoria Tolosa Paz que fue imputada junto a Pérsico por el fiscal Marijuan en al menos dos causas anteriores, por no dar de baja a los beneficiarios que cobraban ese plan social por fuera de las normas establecidas, por ejemplo, las 160 mil personas que viajaron al exterior en aviones privados, yates, autos y aerolíneas. La funcionaria de Javier Milei también ordenó una “auditoría de cero” para saber dónde está parada, ya que la información que dejaron en la Secretaría de Economía Social, que estaba a cargo del dirigente del Movimiento Evita es, como mínima, muy escasa, y poco confiable.
El listado involucra a las siguientes provincias y beneficiarios que, a la vez, son empleados públicos: Tucumán con 1.145 empleados provinciales que cobran el Potenciar Trabajo; La Rioja 1.060 -divididos en 303 de planta permanente y 757 contratados-; Jujuy 652; Corrientes 518; Salta 434; Río Negro 198; Córdoba 194; Formosa 180; y Santa Cruz 128.
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El monto no es despreciable. A través de la maniobra desplegada se provocó un error en el entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que, creyendo que se encontraban cumplidos los requisitos exigidos por la normativa, otorgó los beneficios solicitados o mantuvo la vigencia de los ya vigentes, generándose así un desprendimiento de fondos indebido que asciende a la suma aproximada de $50.800.000 mensuales. Esto es $609.600.000 anuales.
Siguiendo con la misma lógica, y redondeando las cifras, el presupuesto mensual derivado a los 8.535 empleados de las 10 provincias que hasta el momento aportaron los datos asciende a $650.000.000 mensuales, esto es más de $7.800.000.000 anuales sin contar con el aguinaldo.
Pasados al dólar oficial el Gobierno habría destinado casi nueve millones y medios de dólares anuales a beneficiarios de manera irregular.
Hasta ahora 14 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no respondieron los requerimientos de la justicia a pesar de las dos intimaciones que recibieron por parte del fiscal Marijuan.
Se trata de CABA, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, La Pampa, Mendosa, Misiones, Neuquén, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. En el caso de la provincia de Buenos Aires respondió de manera parcial.
(Infobae)