La Casa Rosada analiza una cláusula contractual que preserva los derechos del Estado Nacional y al mismo tiempo intenta satisfacer ciertos reclamos jurídicos exigidos por el laboratorio
Alberto Fernández y Pfizer-BioNTech acortaron las distancias legales para cerrar un contrato comercial que permita la provisión urgente de 1.500.000 de vacunas contra el COVID-19 entre enero y marzo.
El Presidente y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, exploraron las posibilidades jurídicas para encontrar una solución a los planteos de Pfizer y a su vez preservar los derechos propios del Estado Nacional. Ibarra propuso una nueva ley que Alberto Fernández rechazó por sus costos políticos. Y a la inversa, el mandatario sugirió un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que la secretaria Legal descartó por razones normativas.
En este contexto, el camino del acuerdo comercial con Pfizer será a través de un artículo específico que explicitará los alcances jurídicos de la negligencia atribuible al conglomerado farmacéutico que ya vende vacunas en Estados Unidos, Europa y América Latina.
Alberto Fernández e Ibarra conocen muchísimo de derecho penal y de la responsabilidad jurídica del Estado, y acordaron diseñar una norma que proteja al país de la eventual negligencia de Pfizer y que a su vez reconozca los derechos propios de la compañía que opera desde hace décadas a nivel global.
“Lo voy a poner en dos ejemplos para que quede claro que pienso al respecto: si Pfizer me entrega suero en lugar de vacuna contra el COVID-19, ellos son responsables y negligentes. En cambio, si ellos me dan la vacuna impecable, y yo la aplicó vencida, la responsabilidad es mía. Ahí hay negligencia de nuestra parte, hay negligencia del Estado Nacional”, explicó el Presidente en Olivos cuando le preguntaron sobre las diferencias con Pfizer.
Fuente: Infobae