La Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia de Buenos Aires llevó adelante el sorteo de los miembros del jurado para el jury de enjuiciamiento contra la jueza Julieta Makintach, quien se encuentra cumpliendo una licencia obligada de 90 días por el documental «Justicia Divina», en el marco del fallido juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.
Sobre la magistrada pesan una serie de pedidos de juicio político presentados por el ex jefe de seguridad entre 2015 y 2020 del «Diez», Julio César Coria; el titular de la Fundación por La Paz y el Cambio Climático, Fernando Miguez; Fernando Burlando; los diputados bonaerenses de la Libertad Avanza Florencia Retamoso, Agustín Romo y Fernando Compagnoni; el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera; la senadora provincial María Florencia Arietto; el procurador general bonaerense; Julio Conte Grand; y el Colegio de Abogados de San Isidro.
El jurado estará conformado por cinco conjueces: Fabian Ramón González del Departamento Judicial de Morón; Mirta Daniela Greco del Departamento Judicial de Lomas de Zamora; Pablo Agustín Grillo Cicchini del Departamento Judicial de La Plata; María Victoria Lorences del Departamento Judicial Lomas de Zamora y Álvaro García Orsi del Departamento Judicial La Plata.
Además, quedaron como suplentes Guillermo Andrés Marcos del Departamento Judicial de Bahía Blanca; Alberto Biglieri del Departamento Judicial Lomas de Zamora y Lisandro Benito del Departamento Judicial La Plata.
En ese sentido, se designaron como los conjueces legisladores con títulos de abogados a los senadores Ariel Martínez Bordaisco (UCR), María Lorena Mandagarán (UCR Cambio Federal) y Sergio Raúl Vargas (Unión, Renovación y Fe) y las diputadas Abigail Gómez (La Libertad Avanza) y Maite Milagros Alvado (Unión por la Patria).
Makintach fue suspendida por 90 días por decisión de la Suprema Corte bonaerense, que además la remitió a la Fiscalía N.º 1 de San Isidro para que se investigue su conducta. Esa misma corte resolvió “conferir vista” al procurador general Julio Conte Grand, a fin de que evalúe si corresponde iniciar el procedimiento de juicio político que podría terminar con su destitución.
A raíz de estos hechos, la Universidad Austral, donde ejercía como docente de Derecho Penal, decidió suspenderla preventivamente y le abrió un sumario interno. LN1