Este lunes se leyeron las sentencias en la séptima causa a acusados por crímenes de lesa humanidad en el marco de la acción de la Triple A en Bahía Blanca. Entre estos hechos se juzgó el asesinato del estudiante de la UNS David «Watu» Cilleruelo.
Hoy se leyeron en el Aula Magna las sentencias en el séptimo juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado en la región por la Alianza Anticomunista Argentina (triple A). Entre los acusados estaba Raúl Roberto Aceituno, reconocido por varios testigos como participante en el asesinato del estudiante David “Watu” Cilleruelo, perpetrado el 3 de abril de 1975 en un pasillo del edificio de avenida Alem 1253.
El tribunal lo condenó a prisión perpetua. Además, remitirá copia a la UNS y la UTN de la sentencia para que evalúen impugnar las cesantías de docentes y no docentes y la expulsión de alumnos realizadas por el terrorismo de estado así como avalar la solicitud de otorgar el doctorado Honoris Causa a “Watu”.
«Para la UNS, esta sentencia es un acto de reparación histórica muy importante. Ya que busca reivindicar no solo el caso de Watu sino el de todos los estudiantes que sufrieron el terrorismo de Estado», reconoció el rector. «La figura de Watu es una figura icónica dentro de nuestra institución. Es el único caso de un asesinato dentro de los pasillos de una universidad pública por parte del aparato represivo del Estado. Fue un mensaje político, no solamente hacia el claustro estudiantil sino hacia toda la comunidad. Pero 46 años después se logró justicia, aunque sea en parte, ya que otros responsables murieron sin condenas», valoró.
Quién era «Watu
Un símbolo de la militancia estudiantil, era oriundo de General Roca y cursaba Ingeniería Industrial. Militaba en la Federación Juvenil Comunista y a comienzos de 1975 fue electo Secretario General de la Federación Universitaria del Sur. El 3 de abril sufrió un disparo en la cabeza en sala de Ingeniería por miembros de la TripleA, por custodios del encargado del rectorado, Remus Tetu. Numerosos testimonios señalaron como autor material del disparo a Jorge «Moncho» Argibay, quien falleció impune.
También impusieron 10 años de prisión a diez años de cárcel para Curzio, Pallero y Forcelli por haber integrado la asociación ilícita que cometió 24 homicidios a órdenes del ex diputado del FreJuLi y secretario de la CGT, Rodolfo Ponce, y el interventor de la UNS, Remus Tetu.
Los cuatro acusados habían sido contratados como “personal de seguridad y vigilancia” de la UNS por Remus Tetu. La acusación sostiene que, de ese modo, Tetu constituyó una pantalla para proveer de financiamiento a la banda criminal que lideraba.
La UNS es querellante en esta causa desde 2010 cuando el Consejo Superior Universitario dio aval al trámite para ingresar como parte en el expediente. En ese recinto, Vega ocupó el lunes 9 de marzo de 2020 un asiento junto al abogado Francisco Fuster, representante legal de la casa de estudios en el proceso, y sus colegas Mónica Fernández Avello y Leandro Aparicio, que patrocinan a la regional bahiense de H.I.J.O.S. y a un grupo de víctimas, respectivamente, el día que iniciaron las audiencias.
Recientemente los representantes de docentes, estudiantes y no docentes reunidos en el Consejo Superior de la UNS aprobaron por unanimidad la propuesta presentada por numerosas agrupaciones y sectores universitarios y no universitarios y dieron curso al trámite para declarar a David “Watu” Cilleruelo como Doctor Honoris Causa Post Mortem de esta Universidad.