Reflexiones sobre el ataque de Estados Unidos a Venezuela: el petróleo como objetivo, el derecho internacional en jaque y un futuro abierto de interrogantes sobre el control real del país.
Por Franco Bahia.
Más allá de la postura que cada uno tenga frente al gobierno de Venezuela y las múltiples acusaciones que pesan sobre él, como las denuncias de fraude electoral, los señalamientos por vínculos con el narcotráfico y los cuestionamientos a su legitimidad política; hay que ser claros, eso no es lo que le importa a Estados Unidos. Lo que le importa es el petróleo y el poder.
Partiendo desde este punto, el rechazo al ataque debe ser enérgico y sin matices, porque lo que está en juego no es la evaluación moral de un gobierno, sino un principio básico del orden internacional: la soberanía de los Estados. Que una potencia extranjera se arrogue la potestad de atacar a un país porque considera ilegítimo a su gobierno sienta un precedente gravísimo. Se vulnera el principio de no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la prohibición del uso de la fuerza, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, especialmente en su artículo 2. Cuando estas normas son violadas sin consecuencias reales, el sistema multilateral pierde credibilidad, el derecho internacional se vacía de contenido y las Naciones Unidas quedan reducidas a un marco formal que las potencias respetan solo cuando les conviene.
Una vez más, en nombre de la “libertad” y la “defensa de la democracia”, se justifica un ataque militar. Pero el discurso moral encubre un interés material concreto: el control de los recursos naturales. Venezuela posee la mayor reserva probada de petróleo del mundo, y esa condición explica mucho más que cualquier relato humanitario. La historia reciente demuestra que a Estados Unidos la democracia le importa poco cuando entra en tensión con sus intereses estratégicos. Lo que importa no es el sistema político venezolano, sino el recurso. Lo más preocupante es que todavía haya quienes confíen en la promesa de una “vuelta a la democracia” impulsada desde afuera, cuando las experiencias previas muestran Estados destruidos, sociedades fragmentadas y economías extranjerizadas.
El futuro, además, queda abierto y lleno de interrogantes. Hasta ahora, Estados Unidos parece haber conseguido apenas una cabeza: la de Nicolás Maduro, una figura central, mediática e histórica. Pero eso no alcanza, solo es un titular y, en definitiva, una ficha mas del tablero mundial. Detrás de Maduro hay un régimen político, una estructura estatal y social, y una de las tradiciones ideológicas más antiguas y sólidas de América Latina: el chavismo. Pensar que una intervención externa puede desmantelar décadas de construcción política, identidad y organización popular es desconocer cómo funciona el poder real en la región.
Y aquí aparecen las preguntas de fondo.
¿Qué implica que el petróleo quede concentrado en pocas manos, las de las potencias? Implica dependencia estructural, pérdida de soberanía económica y una mayor desigualdad global. Los países periféricos dejan de decidir sobre su desarrollo y pasan a ser simples proveedores de materias primas, sin control sobre el destino de su riqueza.
¿Qué implica que Estados Unidos pueda atacar a un país y remover a su presidente porque no comparte sus intereses? Implica la normalización del imperialismo en el siglo XXI. Significa que la legalidad internacional solo rige para algunos, y que los países periféricos quedan expuestos a la lógica del castigo, la coerción y la intervención permanente.
¿Y qué implica que se apoye ese accionar? Implica el auto-debilitamiento de los países periféricos, incluso cuando no son el blanco directo. Porque cada intervención aceptada sienta un precedente. Hoy es Venezuela; mañana puede ser cualquier país que intente salirse del libreto impuesto. Apoyar estas acciones es legitimar un mundo donde la fuerza vale más que la soberanía, y donde los pueblos del sur global quedan condenados a elegir entre obedecer o ser castigados.
En definitiva, no se trata solo de Venezuela. Se trata del lugar que ocupan nuestros países en el mundo y de si aceptamos vivir en un orden internacional donde la ley del más fuerte vuelve a ser la regla. Cuando eso ocurre, ningún país periférico está realmente a salvo.