El Gobierno acusó a grandes empresas de consumo de generar desabastecimiento

La medida generó rechazo entre economistas. Algunos la comparan con sanciones que no se aplicaban desde el último gobierno de Juan Domingo Perón, quien amenazó con “colgar” a los especuladores.

La Secretaría de Comercio Interior, a través de la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, informó que “imputó” a las empresas Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian. Se las acusó de retención en sus volúmenes de producción o de falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización. Hay que remontarse varias décadas atrás para encontrar otros casos de aplicación de sanciones por desabastecimiento a las compañías.

“Las imputaciones se realizaron luego de verificar que las mencionadas empresas habrían incumplido la intimación a incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda”, aseguró un comunicado del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Explicaron que se trata de un proceso administrativo a partir del cual se abre un expediente de oficio. La medida se tomó en el marco de la Resolución 100/2020, que estableció el marco legal para la implementación del programa de Precios Máximos. Durante las fiscalizaciones en los comercios, los inspectores de la subsecretaría identificaron algunos faltantes en góndolas de productos de consumo masivo. Por eso, más tarde, realizaron inspecciones en las oficinas administrativas de diversas empresas proveedoras, lo que derivó en pedidos de información sobre stocks e inventarios de noviembre y diciembre de 2020, y enero de 2021.

En noviembre del año pasado, Alberto Fernández también habló de aplicar la Ley de Abastecimiento, luego de que se registraran faltantes de materiales de construcción. Aunque finalmente esa idea no se concretó. La ley mencionada faculta al Estado a intervenir en los mercados para fijar precios y márgenes de utilidad cuando lo considere necesario. Además, le permite aplicar sanciones, suspender comercios y realizar allanamientos y procedimientos en establecimientos industriales sin orden judicial.

Fuente: Infobae

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