El Gobierno nacional, en el marco del proceso de reestructuración del Estado, oficializó la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda mediante el Decreto 70/2025. Esta medida, que afecta a programas como Procrear y Casa Propia, también incluye la cesantía de unos 500 empleados que dependían de la secretaría.
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, justificó y celebró la decisión señalando que “la construcción estatal de viviendas es una mala política. Además, en todo caso, es una tarea provincial o municipal”.
Esta reestructuración fue formalizada con la publicación de la resolución 150/25 en el Boletín Oficial, que dispone la “disponibilidad” de los empleados de la secretaría.
Sturzenegger precisó que, además de los contratados, se reducirá la planta de personal en aproximadamente 500 personas. También destacó que “hay además un número indefinido de auditores contratados a través de universidades que también se descontinúan”.
En relación con la racionalización del gasto público, Sturzenegger explicó: “Computar el ahorro para el contribuyente es fácil. Sin considerar lo de universidades, a un sueldo promedio de 1 millón de pesos por empleado son 6.500 millones de pesos por año de impuestos que ya no habrá que cobrar. (El valor presente de este gasto son 130.000 millones)”.
La respuesta de Provincia
La ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis, denunció en redes sociales que más de 16.000 viviendas quedaron abandonadas en distintos puntos de la provincia, algunas de ellas con un 90% de avance. Batakis acusó al gobierno nacional de haber dejado estas viviendas sin terminar, a pesar de haber sido construidas con los impuestos de todos los argentinos.