El Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, publicó en el Boletín Oficial un decreto que redefine urgentemente la estructura y funciones de la Policía Federal Argentina (PFA).
La medida declara un estado de emergencia de dos años y establece un ambicioso plan para transformar a la fuerza en una agencia federal de investigación criminal, al estilo de un FBI local.
Puntos clave de la reforma – vía decreto:
Estado de emergencia por 2 años. El objetivo es acelerar la modernización de la PFA, mejorar su equipamiento y fortalecer su capacidad de investigación ante la expansión de la delincuencia organizada.
Replanteo del perfil de ingreso. Se implementará una renovación en el reclutamiento: se limitará el acceso de suboficiales y se priorizará la incorporación de graduados universitarios con formación técnica en investigación, similares a los modelos del FBI o la Policía Federal de Brasil.
Fortalecimiento de inteligencia criminal. La reforma amplía las facultades de la PFA en materia de inteligencia, incluso en redes sociales y tareas de investigación personal, provocando críticas por su alcance y por permitir operaciones sin orden judicial previa.
Aumento de la planta de investigadores. Se busca elevar el porcentaje de personal dedicado a tareas de investigación, pasando del 15% actual al 40 %, con despliegue progresivo al interior del país.
Metas y objetivos oficiales:
El Gobierno afirma que la Policía Federal debe reorientarse hacia delitos complejos de corte federal, con mayor profesionalización, uso de tecnología forense y mejores estructuras de recursos humanos.
Este cambio busca convertir a la PFA en una fuerza de investigación criminal moderna y tecnológicamente equipada. No obstante, la ampliación de facultades empieza a despertar zonas de preocupación sobre reservas judiciales y posibles excesos institucionales.