Desde el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahia Blanca informaron que con la mediación del ministro de Trabajo, acordaron un incremento salarial de 35% retroactivo este año, un 25% a revisar para 2021 y dos bonos que suman $ 170.000.
El acuerdo llegó luego de 9 horas de tensas negociaciones en el Ministerio de Trabajo de la Nación, donde el Gobierno había convocado una vez más a los gremios aceiteros y de las empresas agroexportadoras.
El entendimiento se implementará con un incremento salarial retroactivo de 4% para noviembre y de 6% para diciembre, lo que configura el aumento anual de 35% para este 2020. A ello se sumarán una mejora de 25% para el año entrante, que se efectivizará en dos tramos. Además, habrá una revisión salarial en agosto próximo, según la inflación, puntualmente a través del Indice de Precios al Consumidor (IPC)
El bono anual quedó establecido en $ 70.000 (equivalente al salario que quedó para 2020) y el extraordinario de $ 90.000 se efectivizará en 9 cuotas.
Testigos de la reunión, el segundo encuentro formal que se hizo en la sede de la cartera laboral en medio del conflicto, afirmaron que debido a la dureza en las posiciones de las partes en pugna, en algunos momentos intercedió el ministro Claudio Moroni para intentar conciliar posturas. Al finalizar las tratativas, que habían arrancado el cónclave con intransigencia, pero con ciertas expectativas de entendimiento, Moroni tuvo la satisfacción de firmar el acto del acuerdo.
Participaron directivos de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA- CEC) por el sector empresario, en tanto los trabajadores fueron representados por la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (Ftciodyara) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo (SOEA).
Un comunicado de CIARA-CEC difundido tras la reunión indicó que “se privilegió la paz social como objetivo empresarial, en virtud de las consecuencias económicas para la industria, la comunidad, los mismos trabajadores y la Nación, además de que la Argentina pasó a ser un proveedor poco confiable a nivel internacional. Adicionalmente, la metodología aplicada de la toma de plantas en algunas zonas portuarias resultó una acción ilegal y peligrosa”.
En efecto, este martes la soja llegó a 477 dólares por tonelada en el mercado internacional de Chicago, en cierta medida por la interrupción de la oferta de Argentina, el tercer productor mundial de la oleaginosa y principal exportador global de harina de soja.
En ese sentido, desde CIARA-CEC instaron a “que el esfuerzo económico conduzca al trabajo mancomunado y sin conflictos que desemboquen en una merma importante de competitividad con penalizaciones por incumplimientos y pérdida de mercados, así como exportaciones con menor agregado nacional”.
Y evaluaron que “cada punto de participación cedido a los países competidores exportadores, significa un impacto negativo en toda la economía argentina, con mayores restricciones para los sectores más necesitados en un contexto de recesión”.
Fuente: TN