La entidad observa que este hecho coincide con las características del llamado lawfare.
La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) calificó que la presentación del pedido de condena para la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en la Causa Vialidad está hecha «sobre la base de gravísimas falencias procesales por parte los fiscales, sin pruebas fehacientes, garantías legales ni debido proceso«.
Y que el Poder Judicial está actuando «en favor de intereses políticos y económicos que buscan evitar que avancen en nuestro país y la región proyectos de carácter nacional, industrializador y redistributivo».
Desde APYME dicen sentirse preocupados por «la gravedad institucional que significa la actuación carente de imparcialidad y ecuanimidad por parte de sectores del Poder Judicial en la Causa Vialidad, avalados por medios concentrados de comunicación en connivencia con referentes políticos locales y extranjeros».
Por último, llamaron a «resguardar a las instituciones«, así como a defender los intereses nacionales y de los sectores más vulnerables como las Pymes, el trabajo, las cooperativas y emprendimientos de la economía social, que necesitan para sostenerse y crecer «la acción decidida de un Estado democrático, activo y solidario, en función del desarrollo autónomo con inclusión social».