El juez de Garantías de Villa Gesell, David Mancinelli, elevó hoy a juicio oral la causa por el crimen de Fernando Báez Sosa. Además dispuso que sean sometidos a proceso los ochos rugbiers que siguen detenidos y un noveno que había sido beneficiado con la falta de méritos.
Los involucrados
La medida del magistrado recayó sobre los imputados Máximo Thomsen (20), Ciro Pertossi (20), Luciano Pertossi (19), Lucas Pertossi (21), Enzo Comelli (20), Matías Benicelli (21), Blas Cinalli (19), Ayrton Viollaz (21), quienes cumplen prisión preventiva, y Alejo Milanesi (19), que se encuentra en libertad.
La resolución del juez va en línea con el pedido de la fiscal del caso, Verónica Zamboni, respecto de los ocho detenidos en el penal de Melchor Romero, en La Plata, imputados como coautores del delito de «homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas«.
Mancinelli rechazó en cambio el pedido de la fiscal para que sea sobreseído Milanesi, imputado como «partícipe necesario». Hizo lugar al planteo de los abogados de la familia de la víctima, para que su responsabilidad penal se defina en un debate oral.
En el caso de Milanesi, el caudal probatorio es menor, pero no es suficiente para llegar a una certeza negativa que no participó.
El juez hizo lugar en cambio al sobreseimiento definitivo de Juan Pedro Guarino (19), quien también estaba imputado como «partícipe necesario» del homicidio.
En su resolución, Mancinelli rechazó los planteos de la defensa de los rugbiers, a cargo de Hugo Tomei, para que se dictara la nulidad del requerimiento de elevación a juicio de la fiscal.
Tomei había planteado que la acusación presentaba una «imprecisa e insuficiente descripción de los hechos» y era «francamente deficiente para describir las conductas delictivas que pretende imputar».
El juez rechazó también el pedido del abogado para que cesara la prisión preventiva de los jóvenes que siguen detenidos.
Juicio oral en Dolores
De este modo, los nueves rugbiers que siguen imputados deberán enfrentar un juicio oral con un tribunal colegiado en el Departamento Judicial de Dolores. Los propios acusados rechazaron las posibilidad de que el proceso se realice con la modalidad de un jurado popular.
La defensa tendrá un plazo de cinco días para apelar esta disposición del juez de Garantías.