La Justicia determinó que las empresas de energía eléctrica de la Provincia se abstengan a limitar, suspender o cortar el servicio por deudas, a asociaciones civiles y mutuales protegidas por la pandemia. El pedido fue solicitado por la Defensoría del Pueblo y la Dirección que nuclea las entidades.
Maite Alvado, directora de Asociaciones Civiles y Mutuales, manifestó que «esta decisión representa un apoyo a los amplios sectores de la ciudadanía que asisten a estas asociaciones civiles no solo como espacios de socialización y esparcimiento, sino que debido a la pandemia también recurren a ellas para contención y auxilio, para recibir alimentos y vacunas, y que se han transformado hasta en centros de aislamiento».
La intervención estuvo relacionada a los reclamos de estas entidades por los incumplimientos de las compañías eléctricas a los beneficios dispuestos por una ley provincial para protegerlas de los efectos económicos relacionados a la pandemia.
Las principales quejas tuvieron que ver con que las distribuidoras no aplicaron la tarifa cero que debían facturar durante el tiempo que durara la emergencia sanitaria a asociaciones civiles declaradas de interés público provincial, entre las que figuran clubes de barrio, centro de jubilados, centros culturales, sociedades de fomento, jardines comunitarios y organizaciones de comunidades migrantes, entre otras.