El Gobierno dispuso ampliar hasta el 30 de junio el plazo para que los contribuyentes adhieran a la moratoria lanzada en el marco de la Ley de Emergencia, con el objetivo de que la pandemia del coronavirus y el consecuente freno de la economía, no impida a los contribuyentes sumarse al plan de facilidades de pago de la AFIP.
Mediante el DNU Decreto 316/2020, publicado este sábado en el Boletín Oficial, se extiende por dos meses el plazo límite original para inscribirse en la moratoria que vencía el próximo 30 de abril. El Gobierno reconoce que la aparición de la pandemia ha repercutido no solo en la vida social de los ciudadanos sino también en la economía, y por ende a muchas de las actividades que realizan los sujetos alcanzados por el Régimen de Regularización que se dispuso oportunamente con la Ley N° 27.541.
Hay que recordar que la moratoria abarca a las pymes, monotributistas, autónomos y las entidades civiles sin fines de lucro como cooperativas, consorcios de propietarios, obras sociales, universidades públicas y clubes de barrio adhieran a la moratoria. Fuentes oficiales explicaron que “la decisión redobla los esfuerzos del Estado para hacer frente al impacto económico de la pandemia del coronavirus sobre el entramado productivo”.
El 16 de febrero había comenzado el periodo para acogerse al plan de regularización de hasta 120 cuotas, que además condona multa e intereses. En el decreto publicado este sábado se mantiene inalterable que la deuda que puede incluirse en la moratoria es aquella vencida hasta el 30 de noviembre de 2019 y los planes de pago vigentes o caducos hasta el 23 de diciembre de 2019. Tampoco se modificará la fecha de pago para la primera cuota, ya que en todos los planes, el primer vencimiento será el 16 de julio.
Si es importante destacar que la AFIP prevé postergar hasta fines de mayo la fecha del primer corte que había sido establecida a finales de marzo con el objetivo de estimular la adhesión temprana al plan, según confirmaron fuentes oficiales. Y consignaron que la normativa complementaria establecerá que el Certificado MiPyME podrá obtenerse hasta el 30 de junio de 2020, ya que como se sabe contar con el documento otorgado por el Ministerio de Desarrollo Productivo es condición necesaria para las micro, pequeñas y medianas empresas, así como para los monotributistas y autónomos que desean acceder a la moratoria.
El plazo original aún vigente es el 31 de marzo, por lo que ahora también se extiende dos meses la posibilidad de acogerse de forma temprana para abonar un menor pago a cuenta y acceder a plazos más largos para regularizar su situación. En el Gobierno explicaron que “con todo paralizado como está los contribuyentes no pudieron adherirse”.
“Es importante que se extienda el plazo. Le da un poco de aire a los contadores, que vienen con la lengua afuera desde hace tiempo. Pero deberían adoptarse medidas mucho más contundentes desde lo tributario. En el actual contexto, la moratoria no va a recaudar mucho, porque está restringida a mipymes y entidades sin fines de lucro, que esperarán hasta último momento para acogerse a los beneficios, si es que no desaparecen en el camino”, dijo Diego Fraga, abogado especializado en impuestos, en diálogo con Ámbito. Por su parte, el tributarista Ezequiel Passarelli afirmó que “es una excelente medida. Sumamente necesaria. Esperamos que ARBA siga el mismo camino, con la moratoria que está vigente en Provincia de Buenos Aires”.
En ese sentido, y tal como está planteada la prórroga parece insuficiente en el contexto actual. Sin embargo, en el equipo económico no descartan ampliar más el plan de regularización. Es por eso que no se descarta que también se avance en una moratoria para deudas acumuladas en los últimos meses, sobre todo en tiempos de pandemia porque la mayoría de las empresas no están pudiendo pagar los impuestos y las contribuciones patronales de estos meses.
En este sentido, Passarelli sostuvo que “la prórroga sola es insuficiente. Ahora necesitamos del Congreso. En forma urgente. Hay que modificar la ley y permitir, por lo menos, que entren deudas vencidas hasta el 31 de marzo. Noviembre quedó muy lejos. Y se vienen tiempos muy difíciles. En rigor, deberían abrir el Congreso para sacar la modificación”.
Por su parte, el tributarista Santiago Sáenz Valiente indicó que “me preocupa que sigan insistiendo con el certificado pyme porque no veo la razonabilidad de exigirlo. También es un problema que no puedan entrar las grandes empresas. Esto no tiene precedentes porque siempre las moratorias fueran para todos los contribuyentes con deuda con el fisco”.
FUENTE: AMBITO