En lo que representa un hito jurídico para la historia argentina, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia de primera instancia del juicio por la expropiación de YPF, evitando que la Argentina deba afrontar un pago superior a los US$16.000 millones, en una contienda judicial que comenzó en 2015. Se logra así revertir un escenario sumamente complejo para el país y que muchos daban como definitivo.
En la estrategia jurídica resultó decisiva la labor del equipo de la Procuración del Tesoro de la Nación, el organismo máximo de abogados del Estado federal, integrado por los Subprocuradores Juan Ignacio Stampalija, Julio Pablo Comadira y Santiago Castro Videla, bajo la conducción del Procurador Sebastián Amerio.
En el caso de Juan Ignacio Stampalija, realizó estudios de posgrado en el exterior, obteniendo una Maestría en Derecho (LL.M.) por la University of Hong Kong y otro LL.M. en International Legal Studies, como Arthur T. Vanderbilt Scholar, por la New York University (NYU). Actualmente, es Profesor de Derecho Internacional Privado y es el Coordinador de la Maestría en Derecho con orientación en Arbitraje, Litigios y Contratos Internacionales y de la Diplomatura en Contratos y Litigios Judiciales Internacionales de la Universidad.
Julio Pablo Comadira realizó en la misma Universidad tanto la carrera de Derecho como una Maestría en Derecho Administrativo y el Doctorado en Derecho, en los tres casos con el mejor promedio de sus camadas. Además, es Profesor Titular de Derecho Administrativo y Subdirector del Departamento de Derecho Administrativo, y ha co-dirigido durante años la Clínica Jurídica de Interés Público. También es diplomado por la misma Universidad en Contratos Públicos y en Derecho de los Hidrocarburos. Ha publicado diversos libros y artículos sobre su especialidad.
En cuanto a Santiago Castro Videla, también realizó la Maestría en Derecho Administrativo y luego se diplomó en Derecho Constitucional Profundizado y en Derecho Procesal Constitucional. Hasta que fue nombrado Procurador del Tesoro, se desempeñó como Director Ejecutivo del Observatorio de Decretos Sujetos a Control Legislativo (ODCL) de la mencionada casa de estudios.