La UFIJ N.°20, a cargo de Rodolfo De Lucía, investigará mediante tecnología especializada en comunicación, quiénes son los responsables de las amenazas de bombas en Bahía Blanca y la zona.
En el Departamento Judicial de Bahía Blanca se iniciaron, desde el comienzo del año, más de 30 causas por este delito, las que se encuentran en plena etapa investigativa para dar con los autores de las llamadas intimidantes.
El delito de intimidación pública tiene penas de entre dos y seis años de prisión para aquellos que infundan temor público o susciten tumultos o desórdenes, hicieren señales, dieren voces de alarma, amenazan con la comisión de un delito de peligro común o empleen medios material idónea para producir esos efectos.
En tanto, «cuando para ello se empleare explosivos, agresivos químicos o materias afines, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública, la pena será de prisión de tres a diez años”.