Violaron la cuarentena para jugar al tenis, ahora deberán donar insumos por un valor de $100.000

Se trata del caso del abogado y su hijo que el mes pasado rompieron el aislamiento para acceder de forma clandestina a un club de la ciudad bonaerense de Dolores.

El hecho, ocurrido el 19 de abril y que se conoció a partir de la viralización de un video donde se veía a los dos imputados saltando el paredón del club donde jugaron tenis, se resolvió con una «suspensión del juicio a prueba», según informó el portal institucional Fiscales.gob.ar.

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, avaló la «probation» acordada entre el fiscal federal Juan Pablo Curi y la defensa de los imputados en este expediente que se inició por la violación al decreto presidencial que dispuso desde el 20 de marzo el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia.

Los imputados son el abogado civilista Marcos Ernesto Giles y su hijo Manuel Giles, quienes son hermano y sobrino, respectivamente, del juez de Garantías de Dolores, Gastón Giles.

Según informó el sitio del Ministerio Público Fiscal, fue la propia defensa del abogado y su hijo quienes propusieron una «probation» y el fiscal Curi quien estableció que el ofrecimiento reparatorio debía redundar «en un verdadero beneficio social».

Por ello, la propuesta que fue aceptada por la fiscalía consiste en la donación de 50 litros de alcohol en gel, 100 unidades de máscaras protectoras y 100 unidades de tapabocas a la cooperadora de hospital local y 500 litros de leche a Cáritas Parroquial que se repartirán en siete merenderos.

El costo de dichas donaciones fue estimado en términos económicos por la fiscalía en una suma superior a los 100.000 pesos.

En su dictamen, el fiscal Curi consideró que los imputados, «lejos de tomar en consideración aquellos esfuerzos mancomunados que se están realizando desde el Estado, ignoraron y violaron las medidas adoptadas por el solo hecho de llevar a cabo una actividad recreativa/deportiva como lo es jugar al tenis».

A la hora de merituar el daño ocasionado, el fiscal Curi sostuvo que debían tomarse en consideración los bienes jurídicos afectados, entre los cuales se encuentra la «salud pública».

(Télam)