Cárceles bonaerenses: acuerdan retomar las visitas familiares y desactivan los motines

El acta acuerdo frenó un conflicto en seis penales de la provincia de Buenos Aires con incidentes, tomas y rehenes.

 

 

Autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), de la subsecretaría de Derechos Humanos, representantes del Poder Judicial y organismos de Derechos Humanos lograron desactivar los motines en seis penales de la provincia de Buenos Aires que tuvieron su epicentro este sábado.

Fue una jornada de extrema tensión con incidentes, tomas y rehenes en el penal 10 de Melchor Romero, en La Plata, las Unidades 46, 47 y 48 de José León Suárez, en San Martín, las Unidades 13 y 21 de Junín, la Unidad 41 de Campana y las Unidades 24, 31 y 42 de Florencio Varela, donde los presos reclamaron el regreso de las visitas familiares presenciales.

El sábado 14 de noviembre se habilitaran las visitas a la Unidades penitenciarias de la Provincia, dando estricto cumplimiento a los protocolos de seguridad sanitaria para la preservación de la salud pública”, explicaron desde el Ministerio de Justicia bonaerense.

El acuerdo llegó por la tarde luego de firmar un acta conjunta dentro de la mesa de diálogo que mantuvieron los representantes del Gobierno con los reclusos. En ese ámbito, que se abrió en diciembre en medio de la primera protesta carcelaria que afrontó Axel Kicillof, ya se había planteado la posibilidad de que vuelvan las visitas.

 

 

“El Ministerio de Justicia y DD HH, el Servicio Penitenciario y el Ministerio de Salud de la Provincia comenzaron a elaborar un protocolo de bioseguridad adaptado al contexto de encierro para enfrentar los requerimientos preventivos de la pandemia a partir de la reanudación de visitas”, agregaron.

Las visitas de familiares de internos fueron suspendidas en un acuerdo voluntario entre autoridades e internos el 12 de marzo de este año, de conformidad a la normativa nacional y provincial que estableció el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio para evitar la propagación del COVID 19 en las cárceles.

 

 

“Se pudo arribar a este acuerdo a través del funcionamiento de las mesas de diálogo que se conformaron en los penales de la Provincia y en donde participaron autoridades del Ministerio de Justicia y DD HH, representantes del Poder Judicial y organismos de Derechos Humanos”, cerraron.

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