El presidente Javier Milei rechazó, mediante el decreto 424/2025 publicado en el Boletín Oficial, la ley 27.790 que declaraba el estado de emergencia y catástrofe por 180 días en Bahía Blanca y Coronel Rosales, a raíz de la inundación del 7 de marzo último.
La normativa había sido sancionada por unanimidad en el Congreso el 4 de junio y disponía un fondo especial de $200.000 millones para asistencia, exenciones impositivas y obras de reconstrucción.
El Ejecutivo justificó el veto argumentando que las medidas ya estaban cubiertas por el Decreto 238/2025, que estableció el Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR) con el mismo monto y bajo la gestión del Ministerio de Seguridad. Según esa normativa, ya fueron asistidas 32.076 personas de las 37.546 inscriptas; unos 3.962 casos siguen en análisis y el 4 % fue rechazado.
El decreto también invoca el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera (24.156), señalando que la ley vetada carecía de una fuente de financiamiento específica, requisito legal indispensable. Asimismo, se aclaró que Coronel Rosales no fue incluida inicialmente por informes técnicos del Servicio Meteorológico Nacional que señalaron a Bahía Blanca como la zona más afectada.
La ley vetada contemplaba entre sus medidas: Moratoria por 180 días en deudas impositivas y contractuales. Subvenciones para productores y comerciantes. Generación de obras de infraestructura con mano de obra local. Línea de créditos blandos del Banco Nación. Coordinación entre Nación y Provincia para alivio fiscal e institucional.