A través del Boletín Oficial, el Gobierno informó la compra por 277.200.000 pesos de 14 mil kits de cunas-moisés y accesorios, que serán confeccionadas por presos.
Se trata de una operación en el marco del “Plan 1000 días”, que forma parte de la Estrategia Nacional de Sueño Seguro del Lactante.
Con la firma del Jefe de Gabinete, Juan Manzur, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, la adquisición de estas cunas-moisés tiene como objetivo “reducir las muertes infantiles domiciliarias y contribuir tanto a la salud física y mental, como así también al pleno desarrollo del lactante”, según las consideraciones de la Decisión Administrativa 175/2022.
Asimismo, se indicó que Vizzotti cuenta con la autorización necesaria para “aprobar la ampliación, disminución, resolución y rescisión respecto de la Contratación Directa Interadministrativa (N° 80-0116-CDI21) que por este acto se aprueba”. La misma fue realizada con el Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal, que fue solicitada oportunamente por la Dirección de Salud Perinatal y Niñez de la cartera sanitaria nacional.
Es preciso recordar que durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner en 2015 se llevó a cabo una iniciativa similar con el el denominado “Plan Qunita”, que promovió una investigación por presunto fraude al Estado en la entrega de 150.000 kits a embarazadas.
De acuerdo a la denuncia del fiscal de instrucción Eduardo Taiano, la acusación surgió luego de que se conociera una licitación de compras que arrojaba un perjuicio para el Estado de al menos “cuatrocientos cincuenta millones de pesos”.
La por entonces presidenta festejó en julio de 2015 que su gobierno “pagó 7.784 pesos por cada kit del plan Qunita para embarazadas de escasos recursos y que el precio de Mercado era de “11.550 pesos”. No obstante, la diputada Graciela Ocaña denunció luego que compró el mismo equipo en negocios minoristas de Once y le costó 4.129 pesos, con productos de mejor calidad.
Por esta razón, el Departamento de Higiene de los Alimentos de la provincia de Mendoza realizó las consultas pertinentes en el Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (SIFeGA), “a fin de verificar si los registros exhibidos en el rótulo se encontraban autorizados”.
Fuente 0291 y mitre