El anuncio fue realizado por el presidente Alberto Fernández y generó malestar en la Ciudad. Larreta tendría decidido reclamar ante la Corte.
El Gobierno de Alberto Fernández oficializó este jueves el recorte de fondos de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires para la creación de un fondo especial para la Provincia de Buenos Aires que, en parte, servirá para pagar los aumentos que reclama la Policía bonaerense tras cuatro días de protestas pacíficas.
El decreto 735/2020 publicado este jueves en el Boletín Oficial establece los lineamientos de la creación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires para cumplir con “la manda constitucional de proveer al crecimiento armónico de la Nación, promoviendo políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones”.
El texto, que lleva la firma de Alberto Fernández, Santiago Cafiero, Martín Guzmán y Wado de Pedro, reduce la coparticipación de la Ciudad al 2,32 % -el gobierno de Mauricio Macri la había llevado al 3,75% cuando se inició la transferencia de la Policía Federal al territorio porteño-. Más tarde, ante pedidos de gobernadores y a través del Consenso Fiscal 2017, la alícuota porteña se redujo al 3,5%.
Lo cierto es que la quita equivale a un 0,92% con respecto a lo percibido hasta 2016, que es lo que la Casa Rosada estima como costo real del funcionamiento de las funciones de seguridad transferidas a la Ciudad.
Con los fondos que dejará de percibir la Ciudad y que entonces quedarán en manos del Tesoro, se creará el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires destinado, según explicó el Presidente a “llevar adelante el plan de seguridad” anunciado el viernes pasado y a “recomponer salarios de los agentes de la Policía de Buenos Aires”.
Se espera que estos cambios signifiquen $9 mil millones girados a la Provincia en lo que queda de 2020 y que en 2021 alcancen los $45 mil millones.
Además, el decreto recuerda que la coparticipación federal tiene como principios la equidad y la solidaridad, con el objetivo de lograr “un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades y promoviendo políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar las inequidades existentes entre regiones, así como las capacidades institucionales y fiscales de cada jurisdicción”.